ACERCA DE LAS DISPOSICIONES MINISTERIALES SOBRE PROGRAMAS DE FORMADORES

Marzo 11th, 2016 | by admin
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Compartimos con ustedes EL TEXTO DEL PROFESOR JUAN CARLOS YEPES. Se puede descargar el texto completo en PDF aquí. LAS DISPOSICIONES MINISTERIALES SOBRE LOS PROGRAMAS FORMADORES DE EDUCADORES Y SUS IMPLICACIONES SOBRE EL NÚCLEO ESENCIAL DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

LAS DISPOSICIONES MINISTERIALES SOBRE LOS PROGRAMAS FORMADORES

DE EDUCADORES Y SUS IMPLICACIONES EN EL NÚCLEO ESENCIAL DE LA

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Por: Juan Carlos Yepes Ocampo. Profesor Titular U. de Caldas. Representante al Consejo

Superior. Esp. en Educación U. del Bosque. Mg. en Educación U. Javeriana. Ph D. en

Estudios políticos U. Externado de Colombia. Investigador Grupo B. Consejero CESU

(periodos 2010-2012 y 2013-2015)

De nuevo las comunidades universitarias del país se conmocionan con medidas unilaterales

y abiertamente antidemocráticas emanadas por parte del Ministerio de Educación

Nacional, ente gubernamental que se ha especializado cada vez más en producir normas a

cuentagotas para reformar gradualmente el sector educativo (específicamente el de la

educación superior), sin tener que recurrir a trámites pluralistas y participativos para

modificar la Ley 30 de 1992. Después de la derrota del gobierno Santos en el año 2011 –

cuando se vio obligado a retirar el proyecto de ley 112 radicado en la Cámara de

representantes-, se ha vuelto una práctica recurrente acudir a Decretos y Resoluciones

reglamentarias como estrategia para alcanzar los propósitos que no pudieron lograr con el

paquetecompleto que pretendían imponer con el fallido proyecto. Dicha estrategia le ha

dado resultado al gobierno y hoy ha conseguido paulatinamente lo que parecía un

imposible hace tres o cuatro años atrás.

En primer lugar, el 23 de diciembre de 2014, el Congreso de la República promulgó la Ley

1740 de Inspección y vigilancia para la educación superior, modificando parcialmente la Ley

30 de 1992 y creando otras disposiciones que aún están siendo objeto de estudio para

establecer su constitucionalidad. Existe la probabilidad real de que si bien no tuvo vicios de

procedimiento en su trámite, el contenido de la norma puede vulnerar el núcleo esencial

de la autonomía universitaria. Es indudable, en palabras de algunos Rectores, que esta ley

generó un amedrentamiento efectivo entre los representantes legales de las universidades,

quienes ven en ella un verdadero dispositivo de control que genera efectos disuasivos en

quienes pretendan confrontar el establishment. Con esa espada pendiendo de un hilo sobre

sus cabezas, la capacidad de criticar y resistir por parte de los Rectores -congregados en el

Sistema Universitario Estatal SUE- quedó reducida a la mínima expresión.

En segundo lugar, el 5 de mayo de 2015, el Congreso de la República expidió el Plan Nacional

de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, en el cual incorporó en el artículo 222

la Acreditación de alta calidad a las licenciaturas. En dicho texto se establece que los

programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado que tengan como mínimo

cuatro (4) cohortes de egresados y que no se encuentren acreditados en alta calidad,

deberán obtener dicho reconocimiento en un plazo de dos (2) años contados a partir de la

entrada en vigencia de la norma (Ley 1753 de 2015). En síntesis, las universidades cuentan

ahora con poco más de un año para responder por todas las exigencias establecidas que

fueron objeto del articulado contenido en el Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015 (que

reglamenta las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro

calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación) y en

la Resolución 02041 del 3 de febrero de 2016 (por la cual se establecen las características

específicas de calidad de los programas de licenciatura para la obtención, renovación o

modificación del registro calificado).

Esta última disposición, emitida por la Viceministra de educación superior, desborda de

lejos las facultades del ejecutivo para intervenir en materia académica en las universidades,

toda vez que allí se ejerce injerencia directa en asuntos como los contenidos curriculares y

competencias del educador; el componente de fundamentos generales; el de saberes

específicos y disciplinares; el de pedagogía y ciencias de la educación; la didáctica de las

disciplinas; la práctica pedagógica; la metodología y número de créditos por actividades

académicas; el tipo de lengua extranjera y el nivel a obtener en su manejo; la investigación;

las características del personal docente y; la infraestructura, entre otras, que más allá de

vulnerar la autonomía académica de las universidades (protegida de tiempo atrás por la

jurisprudencia de las altas cortes), amenaza de manera grave la sostenibilidad financiera de

las instituciones, que ahora deberán responder por una cantidad de exigencias que no

pueden atender con sus menguados presupuestos.

Un principio fundamental en el cual se apoya la acreditación de alta calidad, en el marco de

la autonomía universitaria, es indudablemente el de la voluntariedad del acto mediante el

cual la universidad respectiva lleva a cabo sus procesos de autoevaluación, con miras a la

evaluación externa de pares, que le pueda conducir finalmente a dicha acreditación.

Cuando ésta deja de ser voluntaria y pasa a convertirse en un acto obligatorio, de forzoso

acatamiento como lo estableció el PND en su artículo 222, se pierde de fondo el espíritu y

la filosofía que subyace a la misma, reventando de paso la libertad y autodeterminación que

el constituyente primario le otorgó a las universidades en el artículo 69 de la Constitución

política de Colombia.

La demanda de inconstitucionalidad sobre el artículo 222 mencionado, sumada a las tutelas

de profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, que reclaman por la ausencia de

procesos participativos en el diseño de las normas precitadas, muy probablemente arrojen

resultados que preserven de fondo el núcleo esencial de la autonomía universitaria.

Mientras tanto, las movilizaciones por parte de la comunidad universitaria no se deben

hacer esperar. Señores miembros del SUE, es evidente que existe una intención manifiesta

por parte de las agencias del Ministerio de Educación Nacional en el sentido de favorecer,

con programas como SER PILO PAGA DOCENTE, a las universidades privadas que ahora

encuentran un gran negocio y no se han hecho esperar para crear licenciaturas (6 en la U.

de los Andes, 4 en la U. del Rosario y 2 en la U. de la Sabana). Alguien tendrá que explicar al

pueblo colombiano y a los órganos de control cómo se hizo posible que los dineros públicos

(en su mayoría provenientes de impuestos pagados por todos los colombianos) fueran a

parar a las arcas de las universidades privadas, porque si en el caso del programa SER PILO

PAGA cerca del 85% de los recursos se canalizaron a las universidades privadas, en este caso

particular de la formación de licenciados la proporción muy probablemente será mayor.

Hoy son los programas formadores de educadores los afectados por la vulneración flagrante

a la autonomía universitaria (incluidos los posgrados en educación), mañana quizás serán

los programas de Derecho y después los otros. ¿Hasta cuándo se seguirá practicando

servidumbre voluntariaante la arremetida de reformas que en forma de cascada están

desvertebrando de manera agresiva lo poco que queda de UNIVERSIDAD?

Hoy retoma vigencia lo escrito por este servidor el 17 de septiembre de 2015, publicado en

El Observatorio de la Universidad colombiana (ver): CARTA ABIERTA a los integrantes del

Sistema Universitario Estatal SUE y a los miembros de la Asociación colombiana de

Universidades ASCUN.

Coda: Pregunto a los integrantes del CESU ¿En qué quedó el pomposo documento del

ACUERDO POR LO SUPERIOR 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la

educación superior en Colombia en el escenario de la paz? ¿Todo se redujo a un distractor

más para impactar en la opinión pública? ¿Quién asume los costos del trabajo efectuado

durante varios años que implicó el esfuerzo denodado de muchos actores y que si bien no

correspondió en esencia a lo que desde mi singular perspectiva exige una política pública,

sí hubiese podido reorientarse para alcanzar el cometido? ¿En qué va el trabajo de Mesas

del CESU para avanzar en dicha Política pública?

Manizales, 11 de marzo de 2016.

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