ASPU considera que la persecución sindical selectiva de sus directivos y activistas es una acción deliberada por parte de los grupos de poder en las Universidades Públicas y de las propias administraciones en varios casos, las cuales recurren a diversas estrategias y modalidades, unas abiertas y otras encubiertas que como en el pasado reciente van desde la eliminación física, las amenazas, las agresiones verbales y escritas, la intimidación, la aplicación de procesos disciplinarios amañados, las destituciones ilegales, la estigmatización, la afectación a la integridad y la dignidad de los profesores y de la comunidad universitaria hasta el aislamiento del docente, la descalificación de docentes de alta trayectoria académica para ocupar cargos de dirección universitaria, la difamación, la negación de derechos laborales y académicos, la discriminación y el sistemático acoso laboral. A través de estos procedimientos se ha desatado una diversidad de acciones destructivas contra los sindicatos de los profesores universitarios, que pretende atemorizar, sembrar zozobra, descalificar las luchas sindicales, promover la desafiliación de las organizaciones sindicales existentes y la creación de organizaciones gremiales paralelas patronalistas, dividiendo y debilitando el trabajo de los estamentos universitarios, e instaurando un ambiente de confusión y de desasosiego.
Las administraciones mediante la contratación “basura” han desconocido los derechos de los profesores y los han convertido en dádivas y prebendas; han creado un “caldo de cultivo” para asediar a la organización y a la actividad sindical, corromper al profesorado, corromper y confundir a los operadores jurídicos y alentar las fuerzas antiuniversitarias que buscan eliminar el pensamiento crítico, la libertad sindical y la democracia participativa.
ASPU considera que el neoliberalismo se ha ensañado contra la libertad sindical y los derechos fundamentales; y ha diseñado una política para instaurar un mundo sin sindicatos, una universidad sin organizaciones sociales independientes y autónomas.
Esta orientación ha sido promovida por factores de poder, internos y externos. En especial, expresiones carentes de vocación democrática y talante universitario, algunas veces, respaldadas, por el gobierno nacional, los poderes regionales, las élites hacendatarias y los sectores burocráticos, promueven esta cultura de la estigmatización y de la intimidación y logran trasladar las dimensiones complejas del conflicto interno colombiano a los predios universitarios, llegando en algunos casos a modelos de control paramilitar. Es la versión del capitalismo salvaje que busca implantar el “pensamiento único” y la servidumbre. Como consecuencia del atropello laboral, la violación de los derechos fundamentales de los profesores y la eliminación de la oposición, es evidente que el libre ejercicio de la actividad sindical se ha convertido en una situación de riesgo que afecta la convivencia universitaria. Resulta preocupante que algunos rectores de las Universidades Públicas colombianas hayan convertido las Oficinas de Control Interno en un aparato represor para amedrentar a los opositores y judicializar a los sectores críticos, y desatienden su responsabilidad de controlar los malos manejos de la cosa pública universitaria. En la mayoría de las veces, estos funcionarios son deleznables y actúan como “juez y parte”.