¡El pueblo colombiano debe salir a las calles a defender sus derechos!

Con una invitación a pensar colectivamente cómo enfrentar los ataques, injustificados y/o basados en mentiras, contra el actual gobierno, me permito compartir estas reflexiones: El gobierno de Gustavo Petro llegó con los votos mayoritarios de millones de colombianas y colombianos, esto es, por la vía democrática. Esos votos respaldaron las propuestas de cambiar aspectos fundamentales de la vida económica, social, laboral y política del país. Entre otras muchas acciones en pro de esos cambios, el gobierno ha presentado al Congreso de la República proyectos de Ley con los que pretende modificar, entre otros, los actuales regímenes de salud, pensiones y laboral, propuestas que fundamentalmente benefician a la mayoría de las y los colombianos. Pero, como es normal en todo cambio, algunos sectores, en este caso sectores minoritarios asociados al poder económico y político tradicional, sienten que se debilitan sus condiciones actuales de control y usurpación de la riqueza de todos.

¿Qué está ocurriendo ante las propuestas de cambio?

Las minorías afectadas no aceptan perder los privilegios que han disfrutado durante toda la vida republicana del país. Esas minorías, siempre en el poder, nunca aplicaron el principio constitucional de “primacía del interés general sobre el interés particular”; para ellos era normal que unas minorías tuvieran garantizados los derechos fundamentales, mientras las grandes mayorías carecían de ellos. Esas minorías, haciendo uso de los diferentes poderes que han ejercido durante tantos años, han orquestado distintas formas de atacar al actual gobierno, de quitarle gobernabilidad, de debilitarlo pretendiendo su salida y evitando el cambio en favor de los derechos de las mayorías de colombianos y colombianas. Gracias a tantos años de ejercer el poder en su favor, esas minorías tienen adeptos incondicionales y súbditos en todas las tres (3) ramas de poder público: en el Ejecutivo o sea en el gobierno nacional y en los gobiernos departamentales y locales, en el Legislativo o sea en el Congreso de la República y en el poder Judicial, estos es, entre los jueces de la República, entre los magistrados tanto de los Tribunales Superiores de Distrito y Administrativos, como de las Altas Cortes de Justicia del país, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Además tienen sus fichas en los órganos de control que, por supuesto, no controlan sino que tapan y favorecen los intereses particulares de las oligarquías colombianas. Desde sus lugares privilegiados dentro de las tres ramas del poder público y de los órganos de control, esos súbditos y seguidores de las minorías hacen su trabajo orientado, no al ejercicio responsable del poder, sino en beneficio de las minorías privilegiadas que los llevaron a esas dignidades.

Además de lo anterior hay un hecho que les permite a dichas minorías privilegiadas seguir ejerciendo un poder superior: son las dueñas de lo que se conoce como el cuarto poder, de los medios masivos de comunicación, radio y televisión, desde donde diariamente, desde las horas de la madrugada, durante todo el día y la noche, atacan al actual gobierno utilizando la mentira, la verdad a medias, la inducción a sacar conclusiones a priori, la “condena mediática del acusado”, las supuestas “encuestas de opinión”, los apelativos descalificadores como “el Presidente guerrillero”, utilizan la “fama” de los supuestos “expertos” en los temas que el gobierno presenta para ser reformados. Esos “expertos” son los mismo que han defendido y defienden los puntos de vista de esas minorías privilegiadas que los llevan a sus medios masivos de comunicación para que “expliquen” lo malo de las reformas que propone el Gobierno del Cambio. De esta manera la audiencia y los televidentes, la mayoría carente de formación y conciencia política, de tanto oír y ver permanentemente “noticias” en contra del gobierno, terminan desorientadas y en el peor de los casos compartiendo la opinión de esas minorías que siempre las han oprimido: que este gobierno es malo, que hay que tumbarlo -aunque esté defendiendo derechos para las mayorías-, son las expresiones que repiten y repiten los medios de comunicación. Este mecanismo, conocido como “golpe blando” ya ha sido utilizado en contra de gobiernos con orientación de izquierda en varios países latinoamericanos como, Honduras (Zelaya), Brasil (Lula y Dilma Rousseff), Argentina (los Kirchner), Ecuador (Correa), Perú (Castillo).

Es de esperar en lógica simple que las grandes mayorías que se ven beneficiadas con las reformas propuestas por el gobierno, las apoyen y defiendan. Pero, ese apoyo y esa defensa no se reflejará nunca en los medios de comunicación tradicionales quienes, por cálculo político, no difunden nada que pueda beneficiar al gobierno. Existe un mecanismo democrático de expresión de la voluntad popular, la manifestación en las calles. Si las mayorías del pueblo colombiano que eligieron al Presidente Petro cabeza del Gobierno Nacional no tienen las mayorías en el Congreso de la República; si las “alianzas” con los partidos políticos tradicionales fracasan por no compartir los mismos objetivos de primacía del bienestar general; si el pueblo confía en la Justicia y es ajeno a las diferentes formas indebidas de dirigir decisiones judiciales; si los mandos medios en el ejecutivo nacional, territorial y local entorpecen la acción del actual Gobierno, es necesario recurrir a este mecanismo democrático, pacífico y que encarna la mejor expresión de la democracia participativa. El pueblo, directamente, exigiéndole al Estado colombiano representado en los tres poderes, que garantice los derechos fundamentales a las grandes mayorías de colombianos. Que haga efectivo el cambio que triunfó en las pasadas elecciones presidenciales, en otras palabras que cumpla la Constitución Política Nacional, en particular los Principios Fundamentales consagrados en su Título I que establece entre otros, la prevalencia del interés general sobre el particular, el deber del Estado de garantizar la efectividad de los principio, derechos y deberes consagrados en la Constitución, que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público.

Hay que salir a las calles una y otra vez, ESTE 7 DE JUNIO Y LAS VECES QUE SEA NECESARIO para que el poder público, Congreso, Jueces y Gobernantes de todos los niveles orienten su accionar a hacer realidad el Estado Social y Democrático de Derecho.

Gloria Cecilia Arboleda Fernández – Asociación Sindical de Profesores Universitarios

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