NO TODAS LAS PROTESTAS SON JUSTAS Y DEFENDIBLES

No es posible comparar las protestas que realizan los trabajadores y organizaciones sociales exigiendo la garantía de sus derechos consagrados constitucionalmente cuando están siendo vulnerados, con las protestas de grandes empresarios exigiendo se les mantenga una prerrogativa voluntaria concedida por gobiernos neoliberales amigos, que sólo beneficia a su sector, y lo peor, que causa un grave daño a la economía del país, perjudicando a la inmensamayorías de los ciudadanos.


Recordar que la Huelga que constituye la máxima expresión de protesta y presión de los trabajadores, tiene protección legal y constitucional, y cuando es considerada culpa del empleador, sus protección legal es mayor.
No sucede lo mismo con los empresarios empleadores, no existe una norma que los habilite para utilizar el Paro o cualquier otra medida de fuerza para garantizar y/o aumentar sus ganancias. Lo anterior para entender lo que pasó en el país en los últimos tres días, el llamado “Paro Camionero”.


El subsidio generado al congelar los precios del combustible, otorgado por los gobiernos anteriores a favor de los grandes empresarios del transporte está ocasionando un daño fiscal al país que asciende a 50 Billones de pesos representando la principal causa del déficit fiscal. Este Gobierno ha tomado la decisión, responsable con el país y con la mayoría de los colombianos y colombianas, de corregir la situación, eliminando progresivamente el subsidio,
primero con la gasolina y ahora con el Diesel. El alza del precio de la gasolina nos afectó a todos pero entendimos que el interés general, el beneficio para todo el país, debe primar sobre el interés particular de quienes usamos vehículos.


No piensan ni actúan de la misma forma los grandes empresarios del transporte, quienes son grandes por el poder económico que tienen, representado en la propiedad privada de 20,200,400 tractomulas y camiones, aunque constituyen un porcentaje minoritario de la población colombiana. Y a pesar de ser una minoría han decidido bloquear de forma total e intransigente al país cerrando las vías de acceso a muchas de las principales ciudades del
país, EXIGIENDO AL GOBIERNO NACIONAL QUE REVOQUE SU DECISIÓN Y LES MANTENGA EL PRIVILEGIO. A esta minoría de privilegiados no les importa el mandato constitucional que indica que EL INTERÉS GENERAL DEBE PRIMAR SOBRE EL PARTICULAR, no les importa que se produzca muertes de colombianos y colombianas quienes no pueden llegar a los centros de salud oportunamente o no pueden recibir los medicamentos o tratamientos adecuados, no les importa que se desabastezcan de alimento las ciudades y aumenten los precios de los mismos, no les importa que sus operarios camioneros reclamen un trato justo en sus relaciones de trabajo como una mínima participación de las ganancias que obtienen sus empleadores.

A esta minoría de empresarios del transporte terrestre solo les interesa mantener y que sigan creciendo sus ganancias y están dispuestos a pasar por encima de todos para conseguirlo.

Nosotros, como ciudadanos y como organizaciones sociales reconocemos la necesidad y apoyamos la medida del Gobierno de eliminar progresivamente ese subsidio, por el bien de la Nación. También esperamos que a la par con estas medidas el gobierno defina una nueva fórmula para establecer el precio de los combustibles, revisando y eliminando los factores que obligan a igualar el precio interno con los precios internacionales. Expresamos también nuestro apoyo e impulso a la política ferroviaria que ha iniciado el Gobierno, lo que establecería un equilibrio frente al actual monopolio del transporte que hoy ejercen los grandes empresarios. Solicitamos un trato diferencial que proteja a los pequeños transportadores de los efectos de la medida de eliminar el subsidio.


Exigimos a los grandes empresarios del transporte que reconozcan la inequidad que se genera cuando se subsidia al poderoso en detrimento de los derechos fundamentales de la inmensa mayoría de las colombianas y colombianos, como el derecho a la salud, a la seguridad alimentaria, a la educación, a la vivienda, entre otros; les requerimos a que, como buenos ciudadanos acepten la medida ya tomada o una medida intermedia como las
ofrecidas por el Gobierno en la Mesa de Diálogo. También exigimos a los grandes empresarios del transporte que atiendan los justos reclamos de los operarios camioneros quienes son maltratados en las condiciones de trabajo que hoy se les imponen.


No desconocemos los intereses políticos que existen detrás del estratégico Paro Camionero, tendientes a generar la desestabilización y caída del actual Gobierno, anhelada por muchos de los que se han beneficiado de los privilegios otorgados por los anteriores gobiernos y hoy se oponen a los cambios. Continuar con el actual “Paro Camionero” en la forma como lo están adelantando, es criminal, va en contra de los derechos fundamentales del pueblo colombiano.


El pueblo colombiano lo entiende así y rechaza esa medida de fuerza de los empresarios.

PEDRO HERNANDEZ CASTILLO – Presidente Nacional de ASPU

GLORIA C. ARBOLEDA F. – JDN ASPU. Sec. Relaciones Internacionales

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